“No hay información sobre los antecedentes, investigaciones previas y motivos para determinar la separación del cargo de funcionarios, ni sobre las consecuencias de los actos sancionados. Es indispensable que se diseñe e implemente un sistema disciplinario que prevea la aplicación de sanciones contundentes, más allá de la separación del cargo”, destacó Laura Díaz de León, directora de Migración y Derechos Humanos de Insyde.

 

• La estructura actual del INM mantiene desprotegida a la población migrante

 

• Entre 2002 y 2013 se tiene registro de 5,710 “renuncias” en el Instituto

 

Comunicado de Prensa

Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. - Insyde

 

 

México D.F., 11 de noviembre de 2013.- En el marco de la Semana del migrante organizada por el Senado de la República, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, en su intervención el jueves 7 de noviembre reconoció la corrupción dentro del Instituto y las medidas que se han tomado al respecto y señaló que han “separado a más de mil malos funcionarios por su participación en actividades irregulares”.

El comisiomado aseveró que han entrado en un “proceso real de reestructuración hacia dentro de la institución” y que incluso están trabajando “sobre manuales de procedimientos, definición de perfiles…”.

Al respecto, Insyde señala lo siguiente:

Según el Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración, realizado por Insyde, el INM efectúa depuraciones regularmente sin recurrir a la imposición de sanciones, la forma en que opera el Instituto es solicitar la renuncia de servidores públicos que incurrieron en malas prácticas en vez de cesarlos de sus cargos. Datos del INM confirman que entre 2002 y 2013 se dieron 237 ceses y 29 inhabilitaciones, sin embargo, durante el mismo periodo se dieron 5,710 renuncias.

“No hay información sobre los antecedentes, investigaciones previas y motivos para determinar la separación del cargo de funcionarios, ni sobre las consecuencias de los actos sancionados. Es indispensable que se diseñe e implemente un sistema disciplinario que prevea la aplicación de sanciones contundentes, más allá de la separación del cargo”, destacó Laura Díaz de León, directora de Migración y Derechos Humanos de Insyde.

“Consideramos inaceptable la inexistencia de documentos que expliquen el grado de consolidación del régimen disciplinario y los métodos de prevención, corrección e investigación de la conducta indebida de los agentes del Instituto. (Información obtenida mediante la solicitud de información 0411100043613).

“Coincidimos en la urgente reestructuración del INM, pues la aceptada corrupción interna, así como las violaciones a derechos humanos que cometen de manera sistemática funcionarios de dicha dependencia, nos habla de una estructura que ha permitido la perpetuidad de prácticas ilegales, y que ha institucionalizado las violaciones a los derechos humanos de la población migrante.”

Insyde insta al comisionado del INM Ardelio Vargas Fosado a revisar los hallazgos del Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración, así como las recomendaciones que Insyde ha intentado presentarle en diversas ocasiones. El estudio se realizó con una metodología rigurosa y, a pesar de la falta de transparencia del INM, es un estudio integral y exhaustivo de los procedimientos tanto de gestión como operativos.

El comisionado Vagas Fosado debe actuar de manera coherente con el mandato que le fue legado y que se asienta en el Artículo 2 de la Ley de Migración: “Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.”

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